La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas presenta enmiendas al RD por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020

18/06/2019

Notas de prensa

Enlace a pdf

Madrid, 18 de junio de 2019

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, CREUP, presenta un total de 10 enmiendas al RD por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020 presentado por el Gobierno, tras entender que no se adecúan a las necesidades reales del estudiantado.

Las becas deben asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, centrándose en aquellas personas que no tienen los medios económicos suficientes para poder comenzar sus estudios superiores. Por lo que carece de sentido que el estudiantado entre en un sistema de concurrencia competitiva, compitiendo por conseguir la cuantía variable o que se impongan requisitos académicos para acceder a las diferentes cuantías de la beca.  Para poder corregir todo esto, las becas deben considerarse como un derecho subjetivo basado en criterios puramente económicos, en ningún caso académicos.

No obstante, para poder llegar a conseguir esto es necesaria la revisión de los umbrales de forma anual en función del IPC. Así como, otras medidas como no contabilizar las propiedades de las que la unidad familiar demuestre no ser usufructuaria; regulación de las cuantías de las becas conforme a los créditos matriculados del estudiantado a matrícula parcial; establecer las mismas condiciones para aquellas personas que deciden emprender una segunda carrera o máster, actualmente penalizados y penalizadas por decidir seguir con su formación; que las becas cubran los gastos necesarios para vivir durante el curso;  que se revise la cuantía fija ligada a la residencia en función del lugar de destino o la reserva de una partida presupuestaria por parte del Ministerio para causas sobrevenidas, actualmente financiadas por las universidades o las Comunidades Autónomas.

Sin más dilación desde la Coordinadora de representantes de Estudiantes de Universidades Públicas presentamos ante el Ministerio 10 enmiendas que contemplan desde la suspensión de las cuantías ligadas a la excelencia académica hasta la suspensión de la necesidad de certificado de rendimiento académico para víctimas de violencia de género. Por último, instamos a hacer efectiva la sentencia 188/2001 dictada por el Tribunal Constitucional, en la que se reconoce a la Generalitat de Cataluña la competencia para la gestión y concesión de las becas y ayudas.

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, CREUP, presenta un total de 10 enmiendas al RD por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020 presentado por el Gobierno, tras entender que no se adecúan a las necesidades reales del estudiantado.

Las becas deben asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, centrándose en aquellas personas que no tienen los medios económicos suficientes para poder comenzar sus estudios superiores. Por lo que carece de sentido que el estudiantado entre en un sistema de concurrencia competitiva, compitiendo por conseguir la cuantía variable o que se impongan requisitos académicos para acceder a las diferentes cuantías de la beca.  Para poder corregir todo esto, las becas deben considerarse como un derecho subjetivo basado en criterios puramente económicos, en ningún caso académicos.

No obstante, para poder llegar a conseguir esto es necesaria la revisión de los umbrales de forma anual en función del IPC. Así como, otras medidas como no contabilizar las propiedades de las que la unidad familiar demuestre no ser usufructuaria; regulación de las cuantías de las becas conforme a los créditos matriculados del estudiantado a matrícula parcial; establecer las mismas condiciones para aquellas personas que deciden emprender una segunda carrera o máster, actualmente penalizados y penalizadas por decidir seguir con su formación; que las becas cubran los gastos necesarios para vivir durante el curso;  que se revise la cuantía fija ligada a la residencia en función del lugar de destino o la reserva de una partida presupuestaria por parte del Ministerio para causas sobrevenidas, actualmente financiadas por las universidades o las Comunidades Autónomas.

Sin más dilación desde la Coordinadora de representantes de Estudiantes de Universidades Públicas presentamos ante el Ministerio 10 enmiendas que contemplan desde la suspensión de las cuantías ligadas a la excelencia académica hasta la suspensión de la necesidad de certificado de rendimiento académico para víctimas de violencia de género. Por último, instamos a hacer efectiva la sentencia 188/2001 dictada por el Tribunal Constitucional, en la que se reconoce a la Generalitat de Cataluña la competencia para la gestión y concesión de las becas y ayudas.